En 1991 el gobierno del presidente Menem había llegado a un preacuerdo con la empresa estatal francesa Sofremi para adjudicarle en forma directa la confección de los DNI pero ante los muchos cuestionamientos al procedimiento desistió de concretar el contrato y dispuso un llamado a licitación.

El 6 de octubre de 1998 el gobierno firmó con la empresa alemana (SIEMENS), el contrato que tres días después fue convalidado por el decreto 1342/98 firmado por el presidente Menem.

 

En cuanto al precio del DNI, el preacuerdo de 1991 con la empresa estatal francesa Sofremi preveía cobrar siete dólares en tanto que en la licitación que ganó Siemens el precio máximo era de veinticinco dólares por documento, más el impuesto al Valor Agregado (IVA) y finalmente se le adjudicó en 30 dólares incluyendo el IVA y la distribución domiciliaria. En ese momento el DNI hecho por el Estado le costaba al ciudadano 15 dólares y el envío a domicilio (optativo) otros 10 dólares. Se estimaba que la recaudación en los seis años oscilaría entre 600 y 900 millones de dólares y que constituiría "un suculento negocio"

El viernes 18 de mayo de 2001 se expidió el decreto 669/91 con las firmas de Fernando De la Rúa y de sus ministros: Chrystian Colombo, Ramón Mestre y Domingo Felipe Cavallo, por el que se rescindió el contrato con Siemens en virtud de la ley de emergencia económica. 

En mayo del 2002 el Tribunal de Tasación de la Nación, un organismo asesor del gobierno determinó que el monto de la indemnización que correspondería a Siemens por la rescisión del contrato era inferior a los 90 millones de dólares, pero la empresa pretendía 602 millones.

Finalmente Siemens A.G. presentó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal que depende del Banco Mundial un reclamo de 600 millones de dólares por la inversión que realizó por la licitación pero Argentina sostuvo que existieron fundamentos para la rescisión

En una carta fechada el 15 de diciembre de 2008 y dirigida al Ministro de Planificación Federal Julio De Vido el presidente de Siemens Argentina, Enrique Antonio Genzone, le comunicó que firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por "haber incurrido" en infracciones a la ley de prácticas de corrupción en el extranjero, durante la gestión del presidente Carlos Saúl Menem, vinculadas sólo con el contrato de los DNI. Por su parte el gobierno de los Estados Unidos había señalado dos días antes al presidente Menem y a sus funcionarios Carlos Corach y Hugo Franco, como los destinatarios de por lo menos 2,6 millones de dólares en sobornos pagados por Siemens

La Comisión Nacional de Valores norteamericana (SEC, por su sigla en inglés) afirmó que la empresa pagó 6 millones de dólares en "sobornos adicionales a funcionarios del nuevo gobierno", y que esos pagos se extendieron entre 1998 y 2004.

En síntesis, de la presentación judicial que hicieron los abogados de la SEC se mencionan los siguientes importes de pagos, si bien se ignora por ahora cuáles son las pruebas respaldatorias de tales afirmaciones. Aparentemente algunos de los importes consignados están comprendidos dentro de otros también mencionados:

- un "ex presidente, un "ex ministro", un "ex funcionario" y varios "agentes" y "consultoras" recibieron más de 150 millones de dólares.
- entre 1998 y 2004 Siemens pagó a altos funcionarios del gobierno de la Argentina más de 40 millones de dólares.
- entre 1998 y 1999 ejecutivos de Siemens autorizaron a que se pagaran 19 millones de dólares a consultores para sobornos, de los cuales por lo menos 2,6 millones fueron transferidos de las cuentas de esos consultores al presidente de la Argentina, el ministro del Interior y el titular del Control de Inmigración para obtener el contrato.
- una vez que asumió la presidencia Fernando de la Rúa y anunció que cancelaría el contrato Siemens pagó 6 millones de dólares en sobornos adicionales a funcionarios de la nueva administración para tratar de evitarlo.
- al resolverse el contrato Siemens suspendió el pago de los sobornos comprometidos, pero ante reclamos de pagos y amenazas a sus ejecutivos en la Argentina Siemens pagó durante los siguientes cuatro años más de 23 millones de dólares.

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